Suiza deja Microsoft 365 por software libre: la soberanía digital ya no es un experimento

Hace unos días hablábamos aquí de cómo China aceleraba su salida de Windows citando razones de seguridad nacional. Ahora es Suiza quien da un paso que cuesta ignorar: el gobierno federal ha puesto en marcha un piloto para sustituir Microsoft 365 en 3.000 puestos de trabajo —un 7% de su plantilla administrativa— con un presupuesto de 9 millones de francos suizos y el objetivo de completar la migración en 2027. Si el piloto funciona, la cifra podría escalar hasta las 54.000 estaciones de toda la administración federal. Ya no hablamos de un gesto simbólico, sino de un plan con fecha, presupuesto y ley detrás.

Qué hay detrás del piloto suizo

Berna trabaja en paralelo: el nuevo entorno convive por ahora con Microsoft 365 mientras se evalúan los resultados. Las primeras pruebas, con un par de cientos de funcionarios, arrojan valoraciones positivas en procesamiento de documentos y correo, aunque persisten limitaciones en videoconferencias a gran escala. El marco legal ya existía: la Ley EMBAG, en vigor desde 2024, obliga a la administración suiza a priorizar software de código abierto y a publicar el código que financia con dinero público. Seguir pagando licencias de Microsoft 365 no encajaba con esa norma, y ahora toca corregirlo.

Cloud Act, licencias y protección de datos: los motivos de fondo

Matthias Stürmer, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, resume el argumento en una idea: la protección de datos pesa más que el ahorro. La Cloud Act estadounidense de 2018 obliga a las empresas de EEUU a entregar datos alojados en sus servidores —estén donde estén— si un tribunal de su país lo exige. Para un gobierno que gestiona información sensible de sus ciudadanos, eso es un riesgo legal permanente, no una hipótesis técnica. A eso se suma el argumento más prosaico de siempre: las licencias no dejan de subir de precio año tras año.

Suiza no es un caso aislado

Francia lleva años migrando puestos de trabajo desde Windows hacia distribuciones Linux. Alemania impulsa openDesk, su propia alternativa de colaboración de código abierto, con la vista puesta en independizarse de las grandes tecnológicas estadounidenses. Dinamarca, Estonia y Austria aparecen citadas como países que recorren el mismo camino, cada uno a su ritmo. El patrón es claro: cuando un gobierno europeo se plantea en serio su soberanía digital, la conversación ya no gira solo en torno a Linux en el escritorio, sino a quién controla el correo, los documentos y las videollamadas de toda su administración.

Riesgo, no ideología

Es tentador leer todo esto como una cruzada anti-Microsoft, pero el argumento real es de gestión de riesgo. Ningún gobierno serio quiere que su continuidad operativa —o la confidencialidad de sus datos— dependa de una decisión que se toma en un tribunal de otro continente, o de una subida de precio que no puede negociar. Eso vale igual para un ministerio que para una pyme que aloja su facturación en la nube de un tercero al que, llegado el caso, no le va a importar demasiado lo que le pase a sus datos.

¿Y España, para cuándo?

Aquí seguimos, mientras tanto, con la administración pública española apoyada casi por completo en Microsoft y Google para su día a día, sin un plan público comparable al suízo, al francés o al alemán. Ni presupuesto, ni fecha, ni ley que empuje en esa dirección. ¿Cuánto le falta a España para buscar su propia soberanía tecnológica, igual que ya hacen sus vecinos? ¿O es que, mientras la amenaza no nos toque la puerta, seguimos sin querer verla venir? Os leemos en los comentarios.