El Gobierno quiere aprovechar la nueva ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos para impulsar en las administraciones públicas una amplia adopción del software de código abierto (o software libre) frente a soluciones propietarias (de pago por licencias).

Una iniciativa que perjudica directamente al negocio de Microsoft, cuyos programas cuentan hoy con una destacada presencia en algunas comunidades autónomas españolas –sobre todo, en aquellas regiones consideradas más ricas o industrializadas–.

La ley, que entrará en vigor en enero de 2010, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

Además, regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las distintas administraciones públicas, y en las comunicaciones entre organismos y ciudadanos.

A efectos prácticos, las instituciones deberán colgar todos sus servicios en la red para que sean accesibles a los ciudadanos. Esto implica que muchos organismos deben acometer una importante labor de modernización tecnológica, que abre la puerta al empleo del software libre.

Gracias por el aviso a : Manuel Marroyo